El fraude en los pagos electrónicos en Europa alcanzó 4.200 millones de euros en 2024, a pesar de que la proporción de operaciones fraudulentas se mantuvo prácticamente sin cambios, en torno al 0,002% del total anual. El dato refleja una tendencia preocupante: los estafadores están logrando mayores pérdidas económicas mediante fraudes cada vez más sofisticados, incluso en un entorno con elevados estándares de seguridad financiera.
Estas cifras forman parte del informe conjunto publicado por el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, correspondiente a la edición 2025 y publicado en sus sitios oficiales, que analizó la evolución del fraude en los pagos en el Espacio Económico Europeo durante el período 2022-2024.
De acuerdo con el informe, en 2024 la tasa de fraude en los pagos se situó alrededor del 0,002% del importe total de las operaciones realizadas en el año. Sin embargo, el monto total defraudado aumentó de 3.500 millones de euros en 2023 a 4.200 millones en 2024, lo que refleja una mayor sofisticación de las estafas y un incremento en el valor de las operaciones fraudulentas, aun cuando el volumen relativo permanece bajo.
El estudio destacó que la autenticación reforzada de clientes (SCA, por sus siglas en inglés), introducida de forma obligatoria en 2020 bajo la Directiva revisada de Servicios de Pago (PSD2), ha sido clave para reducir ciertos tipos de fraude, especialmente en las operaciones con tarjeta. Las transacciones que incorporan este mecanismo de seguridad continúan siendo significativamente menos vulnerables frente a las no autenticadas, lo que confirma la eficacia de esta medida regulatoria.
No obstante, el informe subrayó que los delincuentes están adaptando sus estrategias. En particular, se observó un aumento de los fraudes vinculados a la manipulación del ordenante, en los que los usuarios legítimos son engañados para autorizar transacciones fraudulentas. Este tipo de estafa, más difícil de detectar por los sistemas tradicionales, plantea nuevos desafíos para las entidades financieras y los reguladores.
Además de las cifras agregadas, el informe ofreció un desglose por medio de pago, incluyendo transferencias, adeudos directos, operaciones con tarjeta, retiradas de efectivo y transacciones con dinero electrónico, así como datos diferenciados por país.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el fraude en los pagos con tarjeta fue 17 veces mayor cuando el beneficiario se encontraba fuera del EEE. En estas operaciones, la autenticación reforzada no es obligatoria por ley y, en muchos casos, no se utiliza, lo que incrementa significativamente el riesgo. Este dato refuerza el impacto positivo de la SCA dentro del marco regulatorio europeo, pero también evidencia las limitaciones del sistema en contextos transfronterizos.
En cuanto a los medios de pago más afectados, las pérdidas por transferencias alcanzaron 2.200 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento interanual del 16%. Por su parte, las operaciones con tarjetas emitidas en la UE/EEE registraron pérdidas por 1.329 millones de euros, con un aumento interanual del 29%. En el caso de las transferencias, aproximadamente el 85% de las pérdidas totales por fraude fueron asumidas por los usuarios de servicios de pago, principalmente debido a estafas en las que se les indujo a iniciar transacciones fraudulentas.
El informe también recordó que el marco legal europeo obliga a los proveedores de servicios de pago a reportar datos estadísticos sobre fraude a las autoridades nacionales competentes, las cuales los remiten de forma agregada al BCE y a la ABE. Este sistema de reporte semestral busca proporcionar una base sólida para la toma de decisiones regulatorias y para la adopción de medidas de supervisión y vigilancia.
Finalmente, el BCE y la ABE advirtieron que, si bien las medidas actuales han demostrado ser efectivas frente a los fraudes tradicionales, será necesario desarrollar enfoques adicionales para mitigar los nuevos tipos de estafas emergentes. La evolución del fraude en los pagos electrónicos, concluye el informe, exige una vigilancia constante y una adaptación continua de las herramientas de seguridad para proteger a usuarios y sistemas financieros en Europa.
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